Estos municipios son de la zona intersalar, compuesta por desiertos que están entre 3.650 y 4.000 msnm, carecen de gran vegetación y están sujetos a fuertes vientos helados que generan gigantescas nubes de polvo y perjudican la fertilidad de los arenosos suelos. Más de 2.500 familias habitan en 130 comunidades en estos tres municipios y se dedican principalmente al cultivo de quinua y ganadería de camélidos.
La ausencia de humedad y de precipitaciones pluviales hace que en el lugar no crezca nada más que el grano de oro de los incas, la quinua real. “Trabajábamos a pulso, donde entraba el agua cuando llovía, ahí nomás sembrábamos y cosechábamos, por eso la quinua era para el consumo de la familia o intercambio de otros productos”, recuerda Eulalia Silvestre.
Sin embargo, el boom de la quinua empezó a generar problemas en las comunidades. La productora recuerda que cuando llegaron los tractores y se comenzó a producir en mayor cantidad el grano y sus precios de venta subieron, “barbechaban al crédito, es decir, que la tarea (trabajo) nos costaba un quintal de quinua”.
Este sistema de cultivo intensivo dio lugar a un periodo de tala indiscriminada de la poca vegetación nativa, especialmente la thola, que cumple una función de resguardo del viento en esas zonas. “El 2005 el quintal costaba Bs 230 y el 2009 llegó a valer Bs 700”, puntualiza Clemente Villca.
La creciente demanda internacional y el uso de maquinaria provocó también que la frontera agrícola avanzara desde las serranías hasta las pampas. La deforestación continuaba. La ganadería de llamas disminuyó y con ella el abono natural que aseguraba fertilidad de las parcelas para cuando estuvieran en reposo. Antes descansaban de tres a seis años y hoy apenas uno o dos, esto afecta a la producción. Si se llegó a producir de 15 a 40 quintales por hectárea, ahora bajaron a entre 15 y 5. Los conflictos por el uso de la tierra generan peleas en la actualidad entre los comunarios.
Los productores siempre tuvieron normas comunales por la herencia milenaria, pero éstas ya no se respetaban. “No pensábamos igual que antes y la gente sólo veía su interés personal”, explica Dominga Choquetopa, comunaria de Buena Vista.
Para garantizar una producción sostenible, los campesinos vieron que era necesario adecuar las antiguas normas al periodo actual.
La norma prioritaria fue la de gestión de territorio, es decir, la organización y planificación de la convivencia de un grupo humano con un territorio dado y sus integrantes, que pueden permanecer la mayor parte del año en su comunidad o radicar en otro lugar.
Luego está el cuidado de la ganadería y la implementación del abono natural para el cultivo de quinua, y el control de plagas sin insecticidas. Otras reglas comprenden el respeto por la conservación de las praderas nativas, la regulación en el manejo del tractor, el turismo comunitario, las costumbres y fiestas y la definición de funciones y responsabilidades de las autoridades de las comunidades.
Para efectivizar el proceso, se contó con el apoyo de la organización Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF), de las gobernaciones y alcaldías de Oruro y Potosí y de las autoridades de los tres municipios.
El subalcalde del distrito Aroma, Vidal Cruz, informó que a través de las normas comunales, se planificó cómo y dónde debían estar las parcelas de sembradío, las áreas verdes y las zonas de pastoreo, de acuerdo con el número de llamas.
“Los mapas ‘parlantes’ nos ayudaron a delimitar el territorio y sus fronteras, se concienció a los productores que trabajaron en el pasado con tractores y ocuparon más espacio para cultivar sin regulación, y se hizo un sistema de límites para las tierras (mantos)”, detalla la autoridad.
Según Maruja Silvestre, otra de las normas más beneficiosas fue la del control de plagas. “Un técnico nos enseñó a no fumigar con insecticidas tóxicos y a utilizar trampas de luz para cazar las mariposas que antes se comían el grano”. Las normas se pusieron en práctica a través de asistencias técnicas y concursos familiares de proyectos innovadores.
La coordinadora de AVSF, Sarah Metais, señala que para garantizar la producción sostenible realizaron reuniones y talleres comunales con la Asociación Nacional de Productores de Quinua, principal comprador del cereal de estas zonas.
Indica que sólo existen 15 de las 130 comunidades en las que todavía no se ha trabajado. “Hay grupos de 50 familias y hasta de tres, por eso hemos priorizado el trabajo en las primeras”.
Afirma que en las zonas donde se cumplieron las normas se restableció el sistema de ‘mantos’ y se sembraron barreras vivas en sus límites, se reguló el manejo del tractor y la población de llamas aumentó con el cuidado de bofedales.
Adolfo Choquetopa, de la comunidad Salquiri, como una de las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento, dice que en caso de infringirlas, se sanciona con llamadas de atención, humillación con un castigo físico (chicoteo), monetarias, en especie, reparativas (resarcimiento de daños), trabajos de interés comunal y medidas restrictivas (suspensión del uso de un determinado recurso).
El proyecto de difusión de normas comenzó el 2008 y concluirá en junio. Cuenta con un financiamiento de 900 mil euros y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional es responsable del trabajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario