Bolivia: 64 mil familias produccen la quinua

Alrededor de 64 mil familias se dedican a la actividad productiva de la quinua en todo el país, de las cuales 1.600 están asociadas a la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI) que se beneficiarán con tecnificación y modernización de sus cosechas.
Eso es lo que determina la nueva Ley 680 que fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, norma que declara de prioridad nacional la producción, industrialización y comercialización de la quinua en regiones productoras del país y promueve el beneficio de este sector agrícola con apoyo técnico para modernizar la cosecha del llamado "grano de oro".
"La quinua es un grano nativo y a partir de hoy el sector productivo de este alimento da un salto cualitativo con la declaratoria de prioridad nacional que va a beneficiar de manera directa a los departamentos productores de Oruro, Potosí y el norte de La Paz, constituyéndose en un polo de desarrollo económico para el sector", dijo el diputado orureño, Freddy Huayta, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Dijo que la ley permitirá la elaboración de un registro para ampliar la base productiva de la quinua, por lo que el Órgano Ejecutivo comprometió el financiamiento de Bs 84 millones de bolivianos para la producción de quinua.
Explicó que se contribuirá a la producción de quinua mediante la tecnificación con la protección de cercos de alambrado en áreas de cultivo, mejoramiento y conservación de la calidad rentica "in situ", perforación de pozos con fines de riego, mejorar la cosecha, transformación, industrialización y comercialización del producto y subproductos en el mercado local, nacional y externo.
Indicó que la ANAPQUI propuso que la promulgación de la ley, a cargo del presidente Evo Morales, sea realizada en una de las regiones productoras de quinua, debido a la importancia que reviste la norma que protegerá al sector.
La ley también establece que el Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, en coordinación con las gobernaciones y municipios, será el encargado de gestionar los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a la norma.